El riesgo de incurrir en responsabilidad penal es algo a lo que todas las empresas se enfrentan desde su inclusión, hace ya una década, en nuestro Código Penal, pero y a pesar del transcurso de los años, el Compliance Penal se sigue percibiendo como algo destinado solamente a las grandes empresas y a sectores específicos como por ejemplo el financiero, farmacéutico o de seguros.
Lo cierto es que el Código Penal no distingue a la persona jurídica ni por sus dimensiones ni por su sector o actividad, y de manera general establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por sus representantes legales o quienes estén sometidos a la autoridad de los anteriores. Lo cual significa que todas las empresas están expuestas a riesgos de comisión de conductas ilícitas que, de no detectarse y corregirse a tiempo a través de un programa de Compliance penal eficaz, comportarían consecuencias gravísimas, y en muchos casos quien las comete no es consciente de ello.
Ese desconocimiento generalizado comporta que la preocupación en las empresas y sus miembros, por las consecuencias derivadas de los incumplimientos penales sea relativamente baja. Se sigue temiendo más a las sanciones administrativas que a las penales, y éstas últimas no se deben de obviar, puesto que su imposición, conlleva consecuencias mucho más perjudiciales para la empresa.
Es por ello por lo que desarrollar, transmitir y consolidar una cultura de cumplimiento normativo penal en las empresas, independientemente de sus dimensiones o actividad, es el primer paso para suscitar comportamientos adecuados entre sus empleados y para minimizar así el riesgo de comisión de delitos en la empresa. Dicha cultura de cumplimiento se debe transmitir de forma eficaz, mediante la continua información y formación de todos los miembros de una organización.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=»padding-1-percent» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» width=»1/2″ column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][vc_column_text]Según un reciente estudio elaborado por Grant Thornton, a partir de encuestas a centenares de empresas españolas, solo una de cada diez empresas tiene implantado un verdadero programa de cumplimiento normativo penal en su organización.
De entre los motivos que llevan a las empresas españolas a implantar el Compliance penal debemos destacar los siguiente:
- Principalmente éticos, puesto que existe gran preocupación por la pérdida de la reputación y credibilidad en los principios y valores de la empresa de cara a clientes y proveedores;
- Para evitar la imposición de sanciones, tanto en sede administrativa como penal;
- Para cumplir las exigencias de sus matrices.
- La mejora continua.
En cuanto las áreas con mayor probabilidad de incumplimiento normativo, según las empresas españolas destacan:
- El ámbito tecnológico, ante la facilidad de comisión de delitos de daños informáticos.
- El cumplimiento de la normativa en materia de tratamiento de datos personales,
- Ámbito laboral.
- El ámbito medioambiental.
- La corrupción.
Por último, y en cuanto a las principales deficiencias en los programas existentes destaca la falta o insuficiencia de dotación presupuestaria para su implantación, la falta o insuficiencia de formación a sus empleados o la desconfianza en los canales de denuncia puestos a disposición para comunicar adopción de medidas de mejora o correctivas.
Apostar por hacer bien las cosas, ahora más que nunca, debe ser un principio básico para toda empresa. Un programa de cumplimiento normativo penal adaptado a las dimensiones, sector, actividad y necesidades concretas de cada empresa marcará la diferencia en momentos de crisis en la organización.
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